Jornada de Excelencia con Destacados Docentes Nacionales en Curso de Especialización en Argumentación Jurídica
El sábado, 29 de noviembre de 2025, culminó la Décimo Octava Jornada del Curso de Argumentación Jurídica, con la participación de destacados juristas nacionales. La sesión de cierre estuvo a cargo del reconocido profesor y jurista paraguayo, Dr. Marcos Riera Hunter, quien disertó en profundidad sobre “La función jurisdiccional y la sentencia judicial: una mirada desde la teoría del derecho”.
Previamente, durante las jornadas del jueves 27 y el viernes 28 de noviembre, intervino el eminente Prof. Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano, quien desarrolló el tema “La argumentación, los principios y las normas: una simbiosis indispensable para la decisión judicial”.
El evento formativo se desarrolló de manera presencial en el Salón Auditorio Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Asunción, con transmisión simultánea para las sedes de Ciudad del Este, Encarnación, Concepción y Coronel Oviedo.
La actividad contó con el acompañamiento institucional del presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Gerardo Bobadilla, en el marco del apoyo permanente del organismo a los procesos de formación académica.
Asimismo, participaron el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Jiménez; el Dr. Favio Cabañas, presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción; y el Dr. Isabelino Galeano, director ejecutivo de la Escuela Judicial.
El Dr. Eugenio Jiménez Rolón, ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción y representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, recibió un reconocimiento de los participantes del curso de Formación en Argumentación Jurídica por su contribución al fortalecimiento de las competencias jurídicas de magistrados y operadores de justicia.
Esta iniciativa de excelencia, impulsada conjuntamente por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Circunscripción Judicial de Concepción, tiene como objetivo fortalecer las competencias argumentativas de magistrados y operadores jurisdiccionales, promoviendo así las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica en el país.
