Resumen de los puntos tratados por el pleno del Consejo de la Magistratura en la sesión ordinaria del lunes 24 de junio de 2.024

En la Sesión Ordinaria del Consejo de la Magistratura, presidida por el presidente Dr. Gustavo Miranda Villamayor, y los miembros presentes en la sala de reuniones, el vicepresidente Abg. Gerardo Bobadilla, la Dra. Alicia Pucheta, el ministro Dr. Eugenio Jiménez, el Senador Abg. Edgar López, el Diputado Abg. Edgar Olmedo, el Mgtr. Enrique Berni y el Abg. César Ruffinelli, abordaron los siguientes puntos del orden del día:

Se presentó el informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Gestión, aprobando las solicitudes de los siguientes titulares de cargos

1.     Abg. Ricardo Aníbal Beraud Sartori – Miembro el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente de la Circunscripción Judicial de Caazapá.

2.     Abg. María Perla Ojeda Florentín – Juez de Paz de General Bruguéz – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

3.     Abg. Sandra Frantz Rosin – Juez de Paz de Santa Rosa del Monday.

4.     Abg. Cesar Ibarra Barreto – Juez en lo Penal de Sentencia para Concepción.

5.     Abg. Lilian Lorena Godoy de Segovia – Juez Penal y de Sentencia de Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú.

6.     Abg. Armin Manuel Echeguren Cuevas – Agente Fiscal en lo Penal – Fiscalía Zonal de Villa Hayes

7.     Abg. Luis María Fernández Venialgo – Miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente de Caazapá.

Posteriormente, el pleno aprobó el informe de evaluación diferenciada de gestión del siguiente titular del cargo:

1.     Abg. Javier Anatalio García -Defensor Público para Caaguazú – Circunscripción Judicial de Caaguazú. 50 puntos aspecto cuantitativo, 50 puntos aspecto cualitativo, aspecto personal 100 puntos, total obtenido: 200 puntos.

Otro punto tratado fue la presentación y aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2025, que servirá de base para el presupuesto plurianual 2025 – 2027, presentado al pleno por la Dirección General de Administración y Finanzas de la institución, a cargo de la Lic. Cecilia Brítez.

El anteproyecto aprobado para su presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, asciende a un total de Gs. 37.038.282.785 (Guaraníes, treinta y siete mil treinta y ocho millones, doscientos ochenta y dos mil, setecientos ochenta y cinco), de los cuales, Gs. 24.783.611.774 (Guaraníes, veinticuatro mil setecientos ochenta y tres millones seiscientos once mil setecientos setenta y cuatro), provienen de recursos del tesoro de Fuente de Financiamiento 10, monto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y Gs. 12.254.671.011 (Guaraníes, doce mil doscientos cincuenta y cuatro millones, seiscientos setenta y un mil once), correspondientes a Fuente de Financiamiento 30 de Recursos Institucionales

Por otra parte, el miembro del Consejo de la Magistratura, diputado Edgar Olmedo, introdujo una breve presentación del proyecto de ley destinado a modificar el artículo 59 de la Ley 4423/2011, Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, la misma se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.

La presente propuesta de modificación legislativa tiene por objeto permitir al ministerio regular honorarios a sus usuarios del fuero penal que cuenten con suficientes medios económicos para solventar un abogado privado.

El diputado Edgar Olmedo manifestó, que la presentación del anteproyecto de ley ante la Cámara de Diputados, su interés surge a raíz de las audiencias públicas y las exposiciones de los postulantes en las que se destacaron la situación actual del Ministerio de la Defensa Pública.

El objetivo es regular sobre la capacidad de aquellos ciudadanos que cuenten con recursos económicos suficientes para pagar un abogado privado, evitando que se aprovechen del servicio gratuito del ministerio en detrimento de las personas sin recursos económicos y en detrimento de los abogados privados.

Asimismo, se pretende establecer un marco regulatorio para los honorarios profesionales, buscando una gestión más eficiente de los recursos que permita alcanzar los objetivos de la institución.

Bajo la regla general, se brindará asistencia legal únicamente a personas sin recursos económicos; aquellos que dispongan de medios propios no recibirán este servicio. En el ámbito del fuero de niñez, la asistencia será gratuita.

En el fuero penal, la gratuidad se aplicará exclusivamente a aquellos sin recursos económicos. En caso contrario, se establecerá una regulación específica, donde el defensor presentará su propuesta de honorarios para la consideración correspondiente, se expone en dicho proyecto.

Se puede acceder al desarrollo de la sesión de la fecha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VCAso1j0JAU&t=2s